¿No ha bastado que los sobornos pagados por Odebrecht para obtener la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina hayan sido redimidos por la impunidad?
¿No ha sido suficiente que el Estado dominicano termine pagando casi 2,300 millones de dólares por una obra sobreestimada?
¿No ha importado que Punta Catalina haya sido construida sin licitación en terrenos de un grupo económico que compite en el sistema de generación y al amparo de un contrato enfitéutico sensiblemente oneroso?
¿No es relevante que a pesar de las condiciones fraudulentas que determinaron la concesión de la obra el Estado dominicano sea demandado en arbitraje internacional por la propia constructora?
¿Es asumible el costo financiero soportado por el Estado para pagar sobrecostos o comprometer fondos para financiar la obra en desmedro de otros planes de inversión pública?
¿Parece poco que a la fecha el país desconozca el estatus de cumplimento de Odebrecht al acuerdo con la Procuraduría que le garantizó su descargo y con él la dilución de la pantomima judicial puesta en marcha?
Es obvio que en un momento en que Danilo Medina busca un salvoconducto estas preguntas resulten indigestas. La intención inequívoca es salir de Punta Catalina antes de entregar el gobierno y así sortear un trance judicial que se prefigura ineludible. Solo en el Palacio se sabe la hondura del agujero; un vertedero oscuro y húmedo de batracios, reptiles y arácnidos.
Y es que Punta Catalina en manos de otro gobierno es un solo expediente judicial. Cualquier nuevo gobernante no precisaría siquiera de compromiso ético para entender que jugar con la dilución de este caso sería la manera más segura de perder credibilidad. Es más, ya una parte de la opinión pública empieza a recelar de la desidia de algunos candidatos de la oposición ante el anuncio del Gobierno de vender una parte del capital accionario de la empresa. La sospecha alcanza por igual a conocidos intereses corporativos vinculados a la generación eléctrica que empiezan a colocar sus apuestas en las opciones electorales más competitivas.
Pero quien puso en alerta al país sobre la ansiedad del Gobierno por desembarazarse de Punta Catalina fue su administrador, Jaime Aristy Escuder. Sucede que este calificado tecnócrata, sometido a las presiones del Palacio, propuso la semana pasada ideas inconsistentes con su aclamada formación economista y que revelan la tensión que vive el Gobierno. Aristy Escuder dijo que “Punta Catalina va a estar produciendo US$240 millones de beneficios y en consecuencia es una empresa sumamente atractiva para los inversionistas tanto locales como internacionales”.
La pregunta a Aristy Escuder es tan ingenua como básica: ¿es financieramente aconsejable vender una empresa cuando promete esos niveles de rentabilidad? El economista no precisó si aludía a beneficios netos, pero al hablar de una “empresa sumamente atractiva” hace inferir esas utilidades. Si ese es el caso y aun refiriéndose a ganancias brutas para el primer año de operación sería una de las inversiones públicas más redituables de la historia dominicana. Basta imaginar entonces el valor de esa empresa generando a plena capacidad con cinco años de operación más una reducción racional de sus pasivos y costes de producción. Valdría todos los cuartos del mundo. Entonces vuelvo a preguntar: ¿por qué entonces vender?
Otras de las ventajas destacadas por Jaime Aristy es que, como principal unidad del sistema nacional, Punta Catalina producirá el 34 % del total de la generación. Tal circunstancia convierte casi en imperativa la decisión del Estado de conservar un activo productivo de esa capacidad hasta por seguridad y estrategia de mercado. Basta considerar que, si las deudas pudieran ser solventadas por los beneficios generados por la planta y con la posibilidad de reestructurarlas, la sostenibilidad de la empresa estaría anticipadamente asegurada. Regreso entonces a la necia pregunta: ¿por qué vender?
Pero a esta altura del análisis creo que estoy anclado en la pregunta equivocada. Así, la inquietud no debería ser por qué sino para qué vender. El interés de un gobierno (con apenas siete meses para entregar) en apresurar una transacción de esa magnitud no hay que buscarlo en la razonabilidad financiera sino en la oportunidad política. Con un socio privado (a quien por derecho le debe garantía) el Gobierno encontraría la manera de “lavar” a Punta Catalina, esto es desalentar y condicionar la intención de cualquier otro gobierno de emprender acciones judiciales que pudieran afectar la imagen de la empresa y la seguridad de la inversión del socio estratégico.
Punta Catalina ha sido la pesadilla de Danilo Medina; su angustiante karma; fue el espíritu que alentó la reelección como designio compulsivo de impunidad. Ahora busca desesperadamente asearla con quien esté dispuesto a asumir un riesgo controlado. En el país asoman intereses sobradamente conocidos que han puesto en la agenda electoral ese objetivo. Por eso se impone advertirles a los candidatos presidenciales de la oposición que serán medidos por los tratos políticos que hagan con esos sectores. Permitir la concreción de esa siniestra intención sería una felonía al interés nacional. Lo primero que debe hacer un nuevo gobierno es disponer una auditoría forense sobre todas las operaciones financieras, técnicas y de gestión que han comprometido la opaca inversión pública desde la licitación hasta la entrada en operación de la planta. Dejar pasar la venta de Punta Catalina pondrá a prueba el compromiso de cualquier candidato con la trasparencia pública. ¡Cuidado! Los vigilamos.
06 de febrero de 2020
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