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Jurista Cándido Simón Polanco dice es inconstitucional la posposición de las elecciones para 5 de julio

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El jurista Cándido Simón Polanco dice es inconstitucional la posposición de las elecciones para 5 de julio

Cándido Simón Polanco

 El doctor Simón Polanco consideró que la Constitución impide a la Junta Central Electoral modificar las fechas de las elecciones, debido a que las mismas están fijadas taxativamente por la Carta Sustantiva.

El curso de los acontecimientos generados por la honda expansiva ascendente de la pandemia del virus augura que  no será posible celebrar las próximas elecciones presidenciales, congresuales y parlamentarias el tercer domingo de mayo por mandato constitucional, que esta vez cae el día 17 del próximo mes.

1. La Junta adopta sus decisiones mediante Resoluciones y  ninguna Resolución puede cambiar una disposición constitucional.

2. En efecto, la Constitución de la República no autoriza a la Junta Central Electoral cambiar la fecha de las Elecciones Presidenciales, Congresuales, Parlamentarias ni Municipales, cuyo artículo 209 dispone expresamente los días que estas deben realizarse.

3. El punto en controversia es que las fechas de celebración de las elecciones, son fijadas en la Constitución mediante una «Disposición» y en doctrina de  interpretación constitucional hay el criterio de que las «Disposiciones» son más flexibles que las «Normas» que solo se pueden cambiar modificando la Constitución, en cambio hay Disposiciones tan flexibles que a veces se derogan a sí mismas porque su vigencia está sujeta a determinadas condiciones y una vez que estas se cumplen queda derogada la Disposición de que se trate, como es el caso de las Veinte Disposiciones Transitorias de la Constitución de 2010 reformada en el 2015 que solo una queda vigente: La Vigésima que junto al artículo 124 proscriben la reelección del Presidente actual.

4. Es claro, por tanto, que la Junta Central Electoral no puede por Resolución cambiar una disposición constitucional, aún con el concurso y consenso de los Partidos Políticos, porque de hacerlo así sería absolutamente nula en virtud del principio de prelación establecido en el artículo 6 de la Constitución, que la despoja de efecto y valor  jurídico. Esto no tiene matices.

5. El mencionado artículo 6 establece que «son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o actos contrarios a esta Constitución».

6. Es cierto que la JCE sentó el mal precedente al cambiar las elecciones municipales del 15 de febrero para el 15 de marzo de este año, violando el mandato expreso de la parte capital del mencionado artículo 209 de la Constitución, pero eso no justifica que se vuelva a hacer lo mismo esta vez, porque esto fue y sigue siendo una infracción constitucional consistente en usurpar la autoridad, y  según el artículo 73 la autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos.

7. El artículo 18 de la Ley 15-19 sobre Régimen Electoral le confiere amplios poderes resolutivos a la JCE para sortear las dificultades que se presenten en el desarrollo del proceso electoral (numeral 22) pero aún en esas circunstancias la misma ley advierte que «las disposiciones que considere pertinentes para asegurar la correcta aplicación de las disposiciones de la Constitución…»(Num.14, Articulo. 18 Ley 15-19)

Cándido Simón Polanco

8. En esas atenciones  el procedimiento a seguir para aplazar las elecciones sería el de «conflicto de competencia» previsto en el artículo 185 constitucional y el artículo 59 de la ley 137-11, mediante el cual, a instancias de la Junta el Tribunal Constitucional podría dictar una sentencia denominada «interpretativa aditiva» incorporando por la vía de la interpretación  la «causa de fuerza mayor» como aval para que el órgano rector electoral puede aplazar las elecciones, pues sabido es que las sentencias del TC son vinculantes y de aplicación obligatoria para todos los demás órganos y poderes públicos.

9. Es conveniente retener que el mes pasado  una Corte de Francia sentó el criterio de que la calamidad pública del coronavirus es una «causa de fuerza mayor» y además el máximo interprete constitucional es el TC que siendo un órgano político del Estado tiene entre su la salvaguarda y protección del sistema democrático, que se realiza con la vigencia efectiva del régimen electoral.

10. La otra opción sería la dolorosa, traumática e impensable reforma constitucional para incorporar  la difusa y peligrosa «causa de fuerza mayor» en Estado de Excepción como causal para atribuir a la Junta Central Electoral la facultad de mover las fechas de celebración de las elecciones presidenciales, congresuales, parlamentarias y municipales.

Abril de 2020

@CandidoSimon

* Doctor en Derecho, abogado de practica por 30 años, con maestría en Derecho Constitucional y Derecho Público, Titulado con Especialización en Justicia Constitucional y Garantías Jurisdiccionales, Diplomado en Derecho Administrativo -Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) 2010/2012, Posgrado Internacional de Derecho Constitucional y Procesal Penal –Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá 2012, Diplomado en Derecho Penal, Procesal Penal y Procesal Constitucional –Universidad de San Andrés 2019, Maestría en Derecho Penal (en curso) –UASD, Diplomado como Entrenador en Derechos Fundamentales y Seguridad Ciudadana por la Universidad John Jay de New York y UNIBE (2002).

Ha sido profesor de derecho penal y procesal penal en la Universidad Iberoamericana -UNIBE-; derecho penal económico en grado de maestría en PUCMM; profesor de derecho procesal penal en el Instituto Policial de Estudios Superiores –IPES- en el curso de altos estudios policiales; profesor en el Diplomado de Derecho Procesal Penal de la UNPHU-FINJUS.

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