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Periódico Digital de República Dominicana

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Fiscalía del Supremo investiga al Rey Juan Carlos por fraude fiscal y blanqueo

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La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación de las comisiones del AVE a La Meca donde se encuentra afectado el Rey emérito, Juan Carlos de Borbón, aforado ante la Sala Segunda del Alto Tribunal.

La Fiscalía del Tribunal Supremo investiga el papel del rey Juan Carlos en las supuestas comisiones pagadas por la adjudicación a empresas españolas de las obras del llamado AVE a La Meca. El ministerio público ha decidido trasladar al alto tribunal esta investigación al afectar directamente a Juan Carlos I, que ya no es inimputable pero está aforado en el Supremo.

Según una nota pública difundida por la Fiscalía, la investigación se centra en “delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos” que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en el que Juan Carlos I abdicó en su hijo y dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al jefe del Estado. Según explica el ministerio público, el pasado 5 de junio la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dictó un decreto en el que designa para esta investigación al fiscal de Sala del Tribunal Supremo de la especialidad de delitos económicos, Juan Ignacio Campos. “Dada la transcendencia institucional de esta investigación, se designa a quien dentro de la más alta categoría de la carrera fiscal reúne una extraordinaria cualificación y experiencia. Además, estará auxiliado por un equipo conformado por tres fiscales del Tribunal Supremo, que asumirán la innegable complejidad técnica de estas diligencias de investigación”, apunta el ministerio público.
Hasta ahora las diligencias de investigación estaban en manos de la Fiscalía Anticorrupción que dirige el fiscal de Sala Alejandro Luzón. En concreto, las mismas se centran en la Fase II de la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad, el llamado «AVE del desierto» que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí.

Según informan fuentes fiscales, Anticorrupción envió días atrás las diligencias secretas a la Fiscalía del Alto Tribunal por indicación de Dolores Delgado, que entendió que, al estar implicado el monarca emérito en el supuesto cobro de la comisiones, la investigación debía ser asumida por este órgano.

De las pesquisas practicadas por Anticorrupción se desprende que el rey emérito pudo cometer un delito de fraude fiscal y otro de blanqueo de capitales al haber ocultado presuntamente una importante fortuna al fisco español. El fiscal de Ginebra Yves Bertossa abrió una investigación sobre los considerados testaferros del Rey, el letrado Dante Canónica y el célebre fiduciario Arturo Fasana, en el año 2018.

En el marco de esta investigación, según reveló La Tribune de Genève, Don Juan Carlos ocultó 100 millones de dólares en una cuenta en Suiza. Según el periódico helvético, los fondos fueron depositados en una cuenta del banco Mirabaud en Panamá a nombre de la Fundación Lucum, procedentes del rey saudí Abdul Aziz Al Saud. El «beneficiario único» de esa fundación opaca era Juan Carlos de Borbón. Lucum fue creada el 31 de julio de 2008 en Panamá, cuatro años antes de que, como informó el medio suizo, la entidad donara 65 millones de euros a la ex amiga íntima del rey, Corinna Larsen, que procedían del Ministerio de Finanzas saudí.

SUIZA NO ENVÍA LA ROGATORIA

Anticorrupción había pedido de forma reiterada al país helvético la entrega de los datos de las cuentas bancarias ocultas del emérito aunque, de momento, Suiza no ha enviado esa documentación vía Comisión Rogatoria a España, según indican fuentes fiscales a este periódico. De dicha documentación dependerá en gran medida que finalmente la Fiscalía pueda presentar una querella, o no, contra el padre de Felipe VI en la Sala de lo Penal del Supremo. Los documentos que tiene en su poder el fiscal Bertossa son claves.

Por su parte, la investigación que asume la Fiscalía del Alto Tribunal se centrará en «delimitar o descartar la relevancia penal» de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que Juan Carlos I dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado. «Resulta preciso, pues, la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al Rey Emérito, quien -como es sabido- se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo», ha explicado este lunes la Fiscalía General del Estado en una nota de prensa.

El pasado día 5 de junio, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dictó un decreto en el que designa para esta investigación al Fiscal de Sala del Tribunal Supremo de la especialidad de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos. Este fiscal de Sala, ayudado por otros tres fiscales del Alto Tribunal, serán los encargados de investigar a Juan Carlos de Borbón en los próximos meses.

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