Con un pueblo insurrecto y un clima general de caos y de violencia, más el factor de peligro que encierra el rebrote del coronavirus en el país, es contraproducente reabrir nuestra frontera con Haití en las actuales circunstancias.
Estando teóricamente cerrada desde el inicio de la pandemia hace siete meses, la frontera sigue siendo perforada por los trasiegos ilegales de haitianos y mercancías y ni siquiera para el caso de las personas autorizadas y documentadas hay garantías de estricto control de pruebas del coronavirus.
Los cierres de frontera en todo el mundo han tenido en sentido general un carácter preventivo, hasta el punto de que por, esa causa, las restricciones de vuelos de aviones comerciales y cruceros han provocado fortísimas pérdidas económicas a esas empresas transportadoras.
Estas restricciones también han afectado el turismo y el comercio internacional. No son medidas graciosas sino obligatorias para poder ejercer un mejor control en los esfuerzos por contener la expansión del virus.
El Senado dominicano ha aprobado una resolución que pide al gobierno que reabra la frontera, minimizando los potenciales riesgos de esta medida, sobre todo a pocos días de iniciarse una campaña nacional de vacunación contra la influenza, la malaria y otras enfermedades fácilmente transmisibles entre humanos.
Al margen de estos riesgos objetivos, está la situación de volatilidad política y social de Haití, fenómeno que como ha dicho el canciller dominicano Roberto Álvarez, repercute de una u otra manera en la vida nacional.
Demasiados retos tiene el país con una crisis de su economía que ha barrido millares de empleos y empresas, con una pandemia fuera de control y con otras urgencias para remediar lo perdido, como para echarse las cargas adicionales de una penetración masiva de inmigrantes ilegales haitianos con sus secuelas ya conocidas.