Exmagistrado pide fallar recursos que sobre Ley No. 169-14 y rechazar pre chequeo pendiente en el Tribunal Constitucional
Jottin Cury David detalla que esta disposición es una violación a la soberanía nacional
El exmagistrado Jottin Cury David manifestó que la Ley 169-14, o Ley de Naturalización Especial que establece un régimen especial para las personas nacidas en el país que han sido inscritas de manera irregular en el registro civil, debe ser fallada en el Tribunal Constitucional (TC), debido a que viola la soberanía nacional.
Esta medida fue promovida por el expresidente Danilo Medina en el año 2014, como consecuencia de la sentencia 168 del tribunal, también conocido como caso Juliana Deguis Pierre, que afectaba el derecho a obtener la nacionalidad dominicana a los hijos de extranjeros nacidos en el país entre 1929 y 2007.
Cury explicó que esta ley fue creada para facilitar la adquisición de la nacionalidad a extranjeros indocumentados y que a pesar de que se han depositado diversos recursos de inconstitucionalidad en el TC, hasta el momento la Ley de Naturalización no ha sido fallada en el tribunal.
Esa ley fue “forzosamente una imposición del gobierno de los Estados Unidos al gobierno de Danilo Medina y aprobada de manera sumisa por el Congreso Dominicano fue elaborada en Washington y tengo la copia en ingles y español redactada por la firma de abogados internacional Steptoe & Johnson”.
En una entrevista realizada por Onorio Montás para su programa «Revista Dominical Dejando Huellas» que se trasmite por CDNRadio, el exmagistrado consideró que esta ley forzosamente debe ser declarada inconstitucional.
“Yo recuerdo que siendo juez insistí mucho en que falláramos ese tema porque eso también vulnera la soberanía nacional, en el sentido de que viola las facultades para contener la migración masiva de los vecinos haitianos”.
Según explicó, la alta tasa de natalidad de Haití es una situación que no solo afecta al país, sino que también le ocasiona problemas a Panamá, Cuba, Honduras y otros países de Centroamérica que se han opuesto a la entrada del exceso de población haitiana a sus territorios.
Explicó que escribió en una oportunidad un artículo en el que señala que Guillermo Endara, expresidente de Panamá, intentó ubicar a un grupo de nacionales haitianos en una isla adyacente a su país, medida que generó el descontento de tosa la población, por lo que debió retirar su propuesta.
Durante la entrevista, Cury afirmó tener en su poder un documento que data de la época de Trujillo, en el que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) planteó que el exceso de población existente en Haití solo podía resolverse trasladando a familias enteras a diversos países sin posibilidad de regresar a su tierra natal.
Alegó que el objetivo de la comunidad internacional es resolver los problemas de Haití en el territorio nacional, a la vez que afirmó que por esta razón, la soberanía de la República Dominicana ha sido objeto de asedio en múltiples ocasiones.
El doctor Cury David opinó que poco a poco los dos países están siendo fusionados debido al flujo de migración haitiana que cruza ilegalmente la frontera hacia el territorio dominicano.
“Ese exceso de población lo están volcando de este lado y están incluso cambiando la composición étnica del pueblo dominicano”, afirmó.
Cury dijo que por este motivo Estados Unidos “es generoso” con la concepción de visas a los dominicanos que quieren emigrar a su país, de manera que, una vez estos abandonen el territorio nacional su lugar sea ocupado por los nacionales haitianos.
Además, el exmagistrado se refirió a diversos acuerdos que han sido anulados por el TC debido a que suponen una violación a la soberanía nacional.
El primero de ellos, fue un acuerdo entre el Colombia y República Dominicana suscrito el 29 de noviembre de 2011 y anulado un año después debido a que no se reconocía la soberanía del Estado sobre el espacio aéreo.
En septiembre de 2015, el TC anuló un acuerdo con Estados Unidos mediante la sentencia TC-305/15, debido a que el país asumía obligaciones que limitarían la soberanía nacional y debería permitirse la presencia de militares extranjeros.
“Ese acuerdo donde los norteamericanos nos revisarían aquí en nuestro propio territorio, afortunadamente no fue aprobado mientras estuvimos ahí”, dijo Cury.
A pesar del rechazo a la medida, en 2015 y 2016 las autoridades renegociaron el acuerdo, buscando un equilibrio entre los intereses particulares y comunes de ambas naciones, que ya fue sometido al TC.
Existe un acuerdo entre República Dominicana y los Estados Unidos pendiente de fallo en el Tribunal Constitucional que de ser aprobada favorece las operaciones del Aeropuerto Internacional de Punta Cana y permitirá que Estados Unidos aplique sus leyes y regulaciones migratorias a los dominicanos, así como también tendrán el derecho de detener a cualquier ciudadano que considere que está cometiendo un delito. El acuerdo fue firmado el 1 de enero de 2016 por el entonces presidente, Danilo Medina, y el embajador de turno de Estados Unidos en el país, James Brewster, y una semana después fue enviado al TCRD que debe determinar si viola o no la Constitución dominicana.
En rueda de prensa, los exjueces de ese alta corte Leyda Margarita Piña, Jottin Cury, Wilson Gómez y Katia Miguelina Jiménez expresaron su oposición al pacto que, según denunciaron, «no está siendo tratado con la profundidad que amerita, a pesar de las serias implicaciones que tendría para el supremo interés de nuestro país».
“La verdad sobre el referido pre chequeo es que forma parte de un programa de los Estados Unidos con el propósito de prevenirse de los terroristas, así como de otras amenazas a la seguridad nacional en el ingreso al territorio norteamericano, existentes en tan solo seis países del mundo”, reza el escrito.
Además, aseguraron que la autorización del acuerdo provocaría que las autoridades aduanales dominicanas estén a disposición de Estados Unidos, “evidenciándose así una penosa subordinación a un gobierno extranjero desde una función pública”.
También, el exmagistrado se refirió al Acuerdo de Servicios Aéreos suscrito en 2016 entre el gobierno dominicano y el de Kuwait, anulado en 2018 por las mismas razones que dieron paso a la anulación del acuerdo con Colombia en 2011.
OM/JCV