Convocan marcha “Por el agua y por la vida”, contra explotación minera

El ambientalista Luis Carvajal señala que la apertura de una presa de cola provocaría daños permanentes al medio ambiente

El Biólogo y medioambientalista Luis Carvajal, miembro de la Comisión Ambiental y el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), exhortó a la sociedad dominicana asistir a una marcha pautada para este domingo 19 de septiembre desde el Parque Independencia hasta el Palacio Nacional.

El objetivo de este encuentro es evitar que el río Ozama y la Loma de los Siete Picos, en Yamasá, se vean contaminados producto de la presa de cola que pretende construir la compañía minera Barrick Gold en estos lugares.

Además, esta presa supondría un alto foco de contaminación permanente, amenazando al medio ambiente de manera irremediable.

Cabe destacar que una presa de cola es el lugar donde van los desperdicios más peligrosos de una minera, ya que sus desechos tienen derivados de azufre que, al entrar en contacto con el agua, la cual posee ácido sulfúrico, crea un drenaje ácido, y metales pesados que es una de las grandes preocupaciones de los ambientalistas.

“No creo que una minera quiera contaminar la naturaleza, pero lo que sucede es que eso no les importa si pueden ganar más”, aseguró Luis Carvajal en una entrevista para el programa «Revista Dominical Dejando Huellas», producido por Onorio Montás y transmitido por CDNRadio.

Los ambientalistas mostraron un marcado rechazo a la licitación anunciada por el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, para que el Estado asuma el estudio de una presa de cola, para determinar la instalación de un embalse de lodos tóxicos de la compañía minera Barrick Gold.

La comisión ambiental declaró que el anuncio de Almonte supone una perdida de autoridad para la aplicación de leyes y la gobernanza ambiental del ministerio.

Carvajal, por su parte, consideró que las concesiones mineras que hay actualmente en el país suponen una gran “Orgía” que provocarán daños irreversibles para el medio ambiente en todo el país.

En un comunicado enviado por la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo a los medios de comunicación, se solicita al ministerio de Energía y Minas y al de Medio Ambiente:

“Frenar toda la depredación ambiental y humana que realiza la Barrick Gold en Sánchez Ramírez y reubicar de inmediato las 450 familias amenazadas con ser sepultadas por la Presa de Cola de El Llagal y nunca autorizar la construcción de una nueva Presa de Cola en la Cuenca del Rio Ozama y la Loma de los Siete Picos, en Yamasá, ni la ampliación de la zona de explotación, a una vasta extensión de más de 13 mil hectáreas mineras, dañando las fuentes de agua de Santo Domingo”.

El ambientalista consideró que la licitación para el estudio sobre la presa de cola la Ley 64-2000 que establece que le corresponde al proponente (en este caso Barrick Gold), cubrir los costos de los estudios necesarios para determinar si el proyecto puede efectuarse en la zona elegida.

Estos estudios deben ser realizados por un “tercero independiente”, es decir, una compañía especializada, certificada por el Ministerio de Medio Ambiente quien se encargue de informar si es viable o no realizar el proyecto.

“El movimiento ambiental ha planteado la necesidad de impugnar en los tribunales este proceso primero porque es ilegal”, señaló el ambientalista.

Carvajal explicó que, al asumir estas evaluaciones, el Estado se convierte en un subalterno de la minera Barrick Gold.

“Es inexplicable que sea el gobierno el que anuncie que va a hacer el análisis de alternativa para proponer el sitio. Además de ser violatorio a la ley es coger recursos públicos para resolverle un problema a una empresa”, demandó.

Aseguró que el problema con esta minera es su proyecto de expansión, pues actualmente pretende adquirir 13,500 nuevas hectáreas mineras expandidas hacia el noreste del país.

Además, se refirió a la concesión de exploración y explotación de petróleo y gas en una zona marítima otorgada a la empresa Apache Dominican Republic Corporation, desde San Pedro de Macorís y gran parte del “Parque Nacional Litoral Sur de Santo Domingo”.

Esta concesión supone una contradicción al interés del presidente de la república, Luis Abinader de estimular el desarrollo del turismo en todo el país, explotación minera y turismo no es posible.

“El estado dominicano está tan al servicio de sus intereses (de las compañías mineras), que acaba de firmar con la empresa Apache un contrato que debe generar un amplísimo rechazo de la sociedad”, reprochó.

Para el ambientalista, el Ministerio de Energía y Minas debe tomar una decisión estratégica de ordenamiento territorial para decidir los lugares donde pueda haber minería y donde está vedado.

Sin embargo, Carvajal advirtió que el hecho de que una zona sea apta para la minería no debe significar que necesariamente deba explotarse.

OM/jcv