Denuncia PLD mentía a los campesinos sobre las cenizas toxicas provenientes de las plantas de carbón
Euren Cuevas Medina afirma que este gobierno y el del exmandatario Danilo Medina tienen en proyecto traspasarle Punta Catalina al grupo VICINI o INICIA
Los desechos de las plantas de carbón tienen un amplio historial de contaminación ambiental que ha llegado incluso a afectar la salud de las personas. Tal es el caso de los habitantes de las localidades de Arroyo Barril, Samaná, y Bahía de Manzanillo, provincia Montecristi.
Hace 18 años, la empresa AES Corporation en Puerto Rico, introdujo al país 80 mil toneladas de cenizas toxicas, también denominada rockash, que constituyen los residuos de la planta. A día de hoy, los pobladores continúan enfrentando los efectos de estos desechos que fueron devastadores: muchas personas contrajeron peligrosas enfermedades en tanto otras murieron.
El director ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medioambiente (Insaproma), Euren Cuevas Medina, aseguró que el impacto ambiental de Punta Catalina será peor que el Rockash Arroyo Barril, Samaná, y Bahía de Manzanillo, provincia Montecristi, que encabezó las portadas de los medios de comunicación incontables veces.
El abogado catalogó lo sucedido en Arroyo Barril y Manzanillo como la consecuencia de las acciones de una mafia internacional, dirigida por Roger Charles Fina, el empresario estadounidense que depositó las cenizas en el lugar en base a sobornos a las entonces autoridades de medio ambiente.
Charles es también el dueño de la planta Guayama en Puerto Rico que causó graves estragos en la población, lo que provocó una demanda en ese país donde se le sentenció y al pago de millones de dólares. Además, el pasado año se votó la Ley 5-01 donde se le obliga a a sacar el rockash de la nación a causa del daño provocado en las aguas subterráneas.
“El caso se llevó, se sometió a René Ledezma, subsecretario de Estado de Gestión Ambiental, ahora viceministerio, condenado a 10,000 salarios mínimos de multa y 6 meses de prisión” y que nunca cumplió condena en el gobierno de Hipólito Mejía, recordó Cuevas Medina en el programa radial «Revista Dominical Dejando Huellas», transmitido por CDNRadio y producido por Onorio Montás.
Con el ascenso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), al poder el Estado decide demandar a AES Corporation y Roger Charles Fina por los residuos dejados en territorio dominicano, sin embargo, de acuerdo con el director ejecutivo de Insaproma, la empresa decidió no enfrentar el problema y lograr un acuerdo entre ambas partes.
Dicho arreglo consistió en un pago de seis millones de dólares al país para recoger los desechos, pero solo fue posible levantar las 26,000 toneladas ubicadas en Samaná, mientras que el restante localizado en Montecristi se utilizó como relleno en las construcciones.
Ante la gran cantidad de personas afectadas a raíz de este suceso, un abogado norteamericano decidió demandar nueva vez a la compañía en defensa de estos individuos resultando en el pago de US$37 millones de dólares al Estado dominicano como indemnización.
https://periodismoinvestigativo.com/2018/12/arroyo-barril-quedan-cenizas-y-muerte-15-anos-despues/
A raíz de estos estragos, en el año 2012 se vota una ley de estrategia nacional de desarrollo que estableció las políticas públicas que se iban a desarrollar en el país hasta 2030, donde se incluyeron medidas a favor del medio ambiente.
“En su artículo 27, el cuarto eje climático y ambiental establece que la economía energética de la República Dominicana se va a desarrollar sobre la base de la sustitución de los combustibles fósiles, la disminución del carbón y tomar las energías renovables para desarrollarlo sobre su base”, afirmó el abogado.
Declaró que las plantas de carbón existentes en el país debían ser reemplazadas, pero en su lugar, el entonces presidente Danilo Medina, inició la construcción de Punta Catalina que hasta la fecha ha generado alrededor de 600,000 toneladas de cenizas toxicas.
“Decían que iban a entrar dentro del mecanismo de desarrollo limpio, son unos abusadores, pero peor aún, es que les decían a los campesinos que iba a servir para abono sabiendo que era un tóxico”, denunció Cuevas Medina.
A pesar de que en su momento se dijo que los responsables no tenían conocimiento de que los desechos en cuestión eran tóxicos no solo para el medio ambiente, sino también para los humanos, el director ejecutivo de Insaproma dijo que en su momento solicitó una investigación al Estado.
El estudio fue realizado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en conjunto con la universidad de Duque en Carolina del Norte y se determinó que las cenizas tienen componentes tan tóxicos como el veneno que se usa para las ratas.
El abogado opinó que las acciones del gobierno se basaron un deliberado plan para entregarle la planta a la familia Vicini por medio de un contrato de arrendamiento a largo plazo.
“Quiero que quede claro en la memoria de la gente que cuando hacen el acuerdo con los Vicini, en el contrato de arrendamiento se estableció que por el daño que le puedan causar los residuos de la planta a carbón a las cañas orgánicas de los Vicini había que pagarles US$36,365 por cada hectárea contaminada”, señaló.
En este sentido, Cuevas Medina cuestionó irónicamente si además de las plantaciones de caña las demás siembras que se encontraban en el lugar no serían afectadas e incluso sus pobladores.
OM/jcv