ONU vs. RD, y, nosotros contra nosotros
Una mujer grávida no es una paciente en estado de emergencia, no es lo mismo si está en
labores de parto, la primera es una paciente ambulatoria y no es obligación del Estado
dominicano tirarse arriba las embarazadas de otras naciones. Las embarazadas no están
exentas del cumplimiento de las condiciones de admisión en Estados extraños al suyo,
como en el resto del mundo aquí no existen impedimentos de deportación en su contra.
Manipulan, unos, desconocen, otros, cuando plantean que el Reglamento 631-11 impide
labores de la Dirección General de Migración (DGM) en deportación extranjeras
embarazadas, una cosa es detenerlas en centros de retención migratoria y otra muy
diferente es interceptarlas en labores de interdicción migratoria y deportarlas a su país de
origen, que es lo que viene aconteciendo. Contrario a lo que se plantea, el Reglamento sí
plantea, art. 37, que cuando el ministerio de SaludPublica determina que una paciente
extranjera no tiene documentos que justifiquen la legalidad de su estatus migratorio, debe
solicitar a la DGM para que realice las indagatorias correspondientes para que proceda
conformidad con la ley; es decir, proceda a deportarla con todo y producto si fuere el
caso.
Cuando el ministerio de SaludPublica dice que investigará la DGM acusa ignorancia
supina de sus obligaciones legales en esta materia, de manera que, de investigadora debe
pasar a ser investigada.
En los mismos términos debemos referirnos al afrentoso llamado de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), la cual guarda vergonzoso silencio frente a la dolorosa
indefensión de la nación haitiana, para luego expeler estentóreos llamados de atención a
R. D., para que suspenda el ejercicio de su soberano y reservado derecho a ejercer
soberanamente sus políticas migratorias. Como siempre, en un ejercicio hipócrita de su
solidaridad de escaparate, únicamente habilitada para reclamar y estigmatizar la Nación
Dominicana en su inmoral propósito de que seamos nosotros, los que no tenemos nada
que ver en la generación de ese caos, los que paguemos los platos rotos de una explotación
de la cual NUNCA hemos participado.
En la comunidad internacional, ni la ONU, ni nadie tienen calidad ética, moral, ni política
para enrostrarnos absolutamente nada respecto Haití, permanecieron allí gastando más de
US$800 M anuales, pagados por los Estados miembros, o lo que es lo mismo y mayor
verdad, por los contribuyentes del mundo, sin poder mostrar el más mínimo vestigio de
legado a la redención de las miserias haitianas.
Reconozco que el tema de las embarazadas y enfermos haitianos es sencible, no soy una
bestia para no asimilarlo como tal, doloroso, sin embargo, no se trata de un insignificante
daño colateral por nuestra vecindad con el colapso. A continuación les copio un cuadro
del impacto de la comunidad haitiana en el presupuesto de la salud pública, con datos
suministrados por el Servicio Nacional de Salud (SNS), al año 2018, implicó un 29.85%,
para un total de RD$16,680,140,500.59.
Un problema de esa magnitud, no se tapa con poses de falsa solidaridad aprovechando la
sencibilidad que generan las mujeres grávidas, eso requiere una actuación responsable de
la dirección del Estado y un abordaje objetivo de la comunidad mediática. La industria
criminal de trata y tráfico de mujeres embarazadas no es un tema tan sencillo como para
abordarlo con sensiblerías maniqueísta.
Llegó el momento del desafío de los hipócritas, los de afuera y los de adentro, el que no
esté dispuesto a la defensa de nuestros principios y valores, el que no comprenda el costo
del sacrificio de nuestra identidad, que por lo menos se desnude como desconocedor o
mercenario según sea el caso, de lo contrario, los primeros, que guarden riguroso silencio,
y los segundos, que se enfrenten al estigma de judas. Actuemos, para evitar que la salida
no nos confronte sangrientamente.