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Segunda Enmienda vs. Control de Armas: Buscando un punto medio

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Por: Fernando Almánzar

Hasta cuándo? Esa es la pregunta que atraviesa mi mente cada vez que ocurre un tiroteo masivo en Estados Unidos. Y es que, con demasiada frecuencia, en las noticias se reporta que un atacante armado entra disparando a un lugar causando muerte, dolor y destrucción.

Los ataques masivos, que es lo más preocupante, pueden ocurrir en cualquier sitio y a cualquier hora. En los últimos meses, disparos mortales han estado presentes en escuelas, bares, conciertos, lugares de trabajo, templos religiosos, gimnasios, salones de belleza, vagones del metro, y centros comerciales, entre otros. ¡Los famosos «lugares seguros» ya no existen!

El pasado 24 de mayo, una escuela primaria en Uvalde, Texas, se convirtió en el epicentro del terror cuando un joven de 18 años, armado con dos rifles semiautomáticos, abrió fuego cegándole la vida a 19 alumnos y dos maestros. 

Hace dos fines de semana, entre viernes y domingo, hubo dos tiroteos en Texas y balaceras en Nueva York, California, Carolina del Norte y Wisconsin. En total, 14 personas fallecieron y 39 personas resultaron heridas, la mayoría en un supermercado de Búfalo, Nueva York, donde las autoridades aseguran que se trató de un delito de odio en contra de la comunidad afroamericana.

Incluso esta misma semana, mientras redacto el contenido de este comentario, un atacante armado entró a un centro médico de Tulsa, Oklahoma. Entre las víctimas: dos médicos, una recepcionista y un paciente, cuyo único error fue asistir a una cita médica el día equivocado. 

En lo que va de 2022, en Estados Unidos se han reportado 233 tiroteos masivos, según el Gun Violence Archive, que define «un tiroteo masivo» como un incidente violento que involucra a cuatro o más personas, víctimas de disparos, que hayan muerto o resultado heridas de bala, sin incluir al atacante.

Hasta el 2 de junio, según esa misma fuente, en el país habían muerto 18,194 personas a consecuencia de disparos con armas de fuego; mientras que más de 15,200 sufrieron heridas de bala, quedando marcados para siempre, sintiéndose agradecidos por haber sobrevivido.

Lo peor: la escalofriante cifra de muertos incluye a 692 menores de 17 años o menos que este año perdieron sus vidas a consecuencia de actos de violencia con armas de fuego, según el Gun Violence Archive.

El más reciente informe de esa entidad revela un aumento del 30% en las muertes relacionadas con armas de fuego entre 2019 y 2020, incluidos incidentes de suicidios y tiroteos accidentales. Desde el año 2020, en Estados Unidos las muertes por armas de fuego se convirtieron en la principal causa de muerte entre niños y jóvenes de entre uno y 19 años, superando a los accidentes automovilísticos.

La pregunta que, como «sociedad civilizada» debemos hacernos es: ¿cuántas personas más deberán morir antes de que se cambien las leyes para limitar el acceso a armas de fuego en Estados Unidos?

Está claro que la Segunda Enmienda de la Constitución protege el derecho de los individuos de tener y portar armas. El texto (para los que nunca lo han leído) dice lo siguiente: «Una milicia bien regulada, que es necesaria para la seguridad de un Estado libre, no se infringe el derecho de las personas a mantener y portar armas».

El problema de este derecho constitucional es que fue escrito hace más de 227 años, en medio de un contexto histórico completamente diferente a la realidad que hoy vivimos. Las tropas británicas que a finales de los años 1700s ponían en riesgo la frágil libertad de las 13 colonias originales, ya no son una amenaza para el pueblo estadounidense en el Siglo XXI.

Si bien Estados Unidos hoy tiene muchos enemigos, dentro y fuera de su territorio, lo cierto es que es poco probable que sus ciudadanos se vean obligados a organizar una fuerza militar integrada por civiles para proteger la seguridad de su libertad. ¡Esto no es Ucrania, y los rusos no están en la puerta listos para invadir!

Los políticos defensores de la Segunda Enmienda, respaldados por grupos de poder como la Asociación Nacional del Rifle, opinan que actualizar este derecho constitucional es una violación de su libertad como ciudadano estadounidense.

Para ellos, aunque un alto porcentaje de la población se opone a la tenencia de armas, aprobar leyes que limiten el acceso a éstas no es negociable.

Lo ideal sería establecer leyes que, además de verificar los antecedentes criminales del interesado en comprar un arma, también se revise su salud mental. A esto debe sumarse un curso de certificación sobre seguridad para el manejo de armas.

El derecho de portar armas, como afirma la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, debería convertirse en un privilegio para aquellos ciudadanos que califiquen. Así como un conductor debe pasar un examen teórico y práctico para obtener una licencia de chofer, todo aficionado a las armas debería de satisfacer una prueba que certifique su privilegio para tenerla.

Siendo realistas, sin embargo, es poco probable que el liderazgo político en Washington haga algo para cambiar las regulaciones sobre el control de armas. Hay legisladores que reciben millones de dólares en donaciones de los grupos de poder y, proteger a la ciudadanía de tiroteos masivos, no es una prioridad.

En Estados Unidos, las leyes son muy claras. Aquí es más fácil para un joven de 18 años comprarse un rifle de asalto o una pistola semiautomática, que un paquete de cigarrillos o una cerveza fría. Para eso, necesita cumplir 21 años. 

El presidente Joe Biden ha manifestado estar harto de los tiroteos masivos y afirmó la implementación de drásticas medidas para mitigarlos. La realidad es que es poco lo que el Poder Ejecutivo puede hacer por cuenta propia. Sin el apoyo del Congreso, y en especial de los políticos que reciben financiamiento de los fabricantes de armas, nada va a cambiar y los tiroteos seguirán siendo fenómenos comunes de la sociedad estadounidense. Yo soy Fernando Almánzar y así veo las cosas.

https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canadá/20220623-ee-uu-lluvia-de-cr%C3%ADticas-tras-ampliación-del-derecho-a-portar-armas-en-público