Estados Unidos insiste en Campos de Refugiados en República Dominicana con ilegales haitianos
EE.UU. planteó posibilidad de campos de refugiados del lado dominicano
El Gobierno de Estados Unidos planteó al gobierno dominicano la posibilidad de abrir campos de refugiados haitianos de este lado de la frontera como parte de los preparativos ante una eventual intervención militar que, en ese momento, se discute en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
Aunque la consulta fue hecha de manera informal, pero al más alto nivel diplomático entre ambos países, la respuesta dominicana fue una negativa tajante y señalando que esa posibilidad no sería siquiera contemplada bajo ninguna circunstancia.
La propuesta proveniente del Departamento de Estado de EE. UU. consistía en habilitar campos de concentración de refugiados en territorio dominicano para acoger a los haitianos que huyeran de su hábitat ante las posibles confrontaciones armadas o violentas por parte de las bandas que controlan territorios en Haití.
La información obtenida coincide con un reporte noticioso del gigante periodístico norteamericano NBC en el que señala que el Departamento de Estado busca un tercer país para concentrar a lo que ellos consideran con inminente oleada migratoria haitiana.
La NBC News reveló que la Casa Blanca espera un desbordamiento de los intentos de migración de haitianos a Estados Unidos y que, en tal sentido, contemplan dos opciones para hacerle frente: retenerlos en un tercer país o ampliar la capacidad del centro en la bahía de Guantánamo, en Cuba.
La cadena norteamericana afirma poseer documentos que confirman esa intención de la administración del presidente Joe Biden, que incluso está preguntando al Departamento de Seguridad Nacional qué cantidad de inmigrantes haitianos requeriría que Estados Unidos designe a un tercer país para retenerlos luego de ser interceptados en el mar.
Ese tercer país al que hace referencia la publicación periodística es República Dominicana, cuya negativa de aceptar los campos de refugiados ha sido respondida con fuertes ataques provenientes de la Embajada de Estados Unidos y de agencias de la ONU tales como ACNUR y UNICEF.
Documento
La Embajada de EE. UU. llegó al extremo de emitir un comunicado en el que afirma que ciudadanos norteamericanos son maltratados en los aeropuertos por su color de la piel al ser confundidos con haitianos, sin embargo hasta ahora no ha aportado ningún caso en particular pese a haber recibido requerimientos por parte de las autoridades norteamericanas.
En tanto que UNICEF denunció que unos 1,800 niños han llegado a Haití repatriados sin sus padres, pero en el reporte no hay referencia de los lugares donde la agencia tiene concentrados a esos supuestos niños que han llegado a Haití sin padres.
El Gobierno dominicano ha negado todas esas imputaciones y ha reiterado su determinación de continuar con sus políticas de control de la migración ilegal, que incluye las deportaciones de extranjeros que están en el país de manera ilegal.
En tal sentido, el director General de Migración (DGM), Venancio Alcántara, afirmó que de los más de 150,000 extranjeros reconducidos a su país desde el año 2020, no existen casos de menores separados de sus padres.
“En todo momento y en cumplimiento con las leyes de la República Dominicana y los tratados internacionales, toda deportación se lleva a cabo en total y absoluto respeto de la dignidad de las personas y sus derechos humanos”, comentó Alcántara.
Agregó que “existen procedimientos específicos cuando hay menores de edad involucrados en el proceso. En todo momento los menores están junto a sus padres y, cuando estos no se han localizado, los menores son referidos directamente al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia quienes se encarga de su cuidado”.
Llamado
El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, llamó a la población a defender a la República Dominicana ante las amenazas internacionales y cuestionamientos sin ningún razonamiento sobre acusaciones de racismo.
“Por eso, les pido por favor a ustedes que, a través de redes sociales, uno defienda este país, porque este país tiene su historia y vamos bien gracias a Dios, vamos bien, porque tenemos que seguir construyendo historia, construyendo infraestructura, construyendo un país más digno y más acogedor”, advirtió Castro Marte.
Rechazo
Diversos sectores de la vida nacional han rechazaron las declaraciones de la Embajada de EE.UU., que mediante un comunicado afirmó estar preocupada por el “trato desigual” basado en su color de piel que han recibido viajeros.
Más de 6 mil fueron repatriados
Loremas La Dirección General de Migración informó que repatrió 6,492 extranjeros indocumentados detenidos mediante operativos realizados en diversas provincias y comunidades del país.
El organismo informó que en el Distrito Nacional fueron detenidos 1,871 indocumentados; en Santiago 1,744, mientras que en La Vega y Jarabacoa fueron detenidos 263; en Dajabón, 549; en Elías Piña, 1,076; Jimaní, 345; Pedernales, 194; en las comunidades de Benerito, 366 y Los Pilones 84.
Agrega que las jornadas fueron reforzadas con agentes del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront), miembros del Ejército de República Dominicana, agentes de la Policía Nacional y otros organismos.
Martes 23 de noviembre de 2022
Canciller niega que pretendan instalar campos de refugiados
El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, rechazó rotundamente que exista algún tipo de compromiso de República Dominicana para aceptar campos de refugiados haitianos en varias provincias fronterizas y atribuyó esa versión a la existencia de un estudio del gobierno anterior que carece de fuerza legal.
Dijo que Haití vive la situación más difícil en toda la historia, llevando al gobierno haitiano a una condición de supervivencia, pero indicó que en territorio dominicano no habrá campos de refugiados. “Eso es falso de toda falsedad”, reaccionó Álvarez cuando Pablo McKinney, en su programa televisivo “McKinney”, por Color Visión, le preguntó si el país tenía el compromiso de aceptar refugiados si se agrava la crisis haitiana.
Expresó que tanto el presidente Luis Abinader como él han advertido reiteradamente que en República Dominicana no se aceptará campos de refugiados y recordó que fue una de las razones por la que el país no firmó la Declaración de Los Ángeles, de la Cumbre de las Américas, porque había un compromiso sobre migración y refugio que propuso Estados Unidos y “no queríamos que se fuera a malinterpretar”.
Álvarez reveló que Estados Unidos “nos cuestionó” por qué no se firmaba la declaración y al secretario (Antony) Blinken “yo le expliqué”.
Lunes, 31 de octubre de 2022
Haitianos de Miami se sienten traicionados por expulsiones de compatriotas
La comunidad haitiana calificó a Biden como «racista» por hacer cumplir el polémico Título 42
La comunidad haitiana de Miami se mostró este miércoles “traicionada” y “avergonzada” del gobierno del presidente Joe Biden por las expulsiones de sus compatriotas que llegaron a la frontera con Texas y lo exigieron detenerlas de inmediato durante una protesta frente de una oficina de Inmigración.
Marleine Bastien, directora ejecutiva del grupo comunitario haitiano FANM, además dijo que urgía al Gobierno Biden a enjuiciar a los agentes de la patrulla montada de inmigración que recibieron con latigazos a los haitianos en Del Rio (Texas).
La crisis «invisible» de millones de haitianos en Estados Unidos y América Latina
https://www.facebook.com/watch/?v=400167745033778
“Ellos necesitan ser enjuiciados“, aseguró la líder de FANM, organización que promovió la manifestación.
Con pancartas de “La vidas de los haitianos importan”, “alto a las deportaciones” y “Ayuda humanitaria para los haitianos”, decenas de haitianos protestaron frente a una oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) aledaña al vecindario de la Pequeña Haití.
La demócrata Christine Olivo, que aspira al Congreso, dijo a Efe que Biden está más preocupado por lo que dicen los republicanos que por cumplir las promesas que hizo cuando visitó la Pequeña Haití.
Olivo, de origen haitiano, criticó que los miles de sus compatriotas viajaron más de tres semanas en busca de refugio en los Estados Unidos para que recibieran “latigazos en la espalda” por parte de oficiales de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas (CBP) en vez de con “agua, comida, refugio y ayuda médica”.
Al lamentar las imágenes “de mujeres embarazadas dando a luz debajo de un puente fronterizo y de hombres con sus hijos al hombro cruzando el Río Grande”, la activista subrayó que los ceca de tres millones de haitianos que viven en este país, “la mayoría en el sur de Florida”, seguirán presionando a Biden para que cumpla sus promesas.
Presionado por las críticas y las imágenes devastadoras en Del Río, donde acampan debajo de un puente internacional unos 15,000 haitianos, el Gobierno Biden ha dejado a miles de ellos en libertad, según señalaron hoy medios de prensa.
Para aliviar el hacinamiento en ese sitio el Gobierno ha estado trasladándolos a otros lugares del estado para los trámites de migración, precisaron.
El polémico Título 42
Olivo, así como otros líderes comunitarios, solicitaron durante la protesta detener de inmediato las expulsiones, ampliar la cuotas de refugiados haitianos “con un número específico” y rescindir de una vez por todas el título 42, que permite la deportación automáticamente en la frontera sin permitir a los inmigrantes presentar una solicitud de asilo.
“Cuando Donald Trump hizo cumplir el título 42 lo llamamos racista, entonces cuando la administración Biden hace cumplir el título 42, ¿cómo lo llamamos?: racista“, manifestó Olivo.
Por su parte la líder de la organización humanitaria haitiana Family Action Network Movement (FANM) dijo a Efe que piden a Biden un alivio migratorio humanitario para todos los refugiados haitianos, así como su reubicación, y también involucrar inmediatamente a la sociedad civil en Haití para encontrar una solución a la crisis.
“Hoy me siento traicionada” por el presidente Biden, dijo por su parte la concejal de Miami Gardens Linda Julien al recordar una visita del demócrata a Miami.
“Mirando las imágenes de lo que está pasando en la frontera, me siento herida, estamos cansados y no vamos a olvidar, todo lo que pedimos es el debido proceso para los haitianos, dignidad, usted es el presidente, usted tiene el poder, haga algo y hágalo ahora”, subrayó.
“Lo que hemos presenciado en los últimos días es despreciable, inhumano y se parece a una página del libro de jugadas de Trump“, señalaron por su parte los grupos pro inmigrantes Alianza Américas y Presente.org.
Cuando los refugiados haitianos “son recibidos con latigazos por agentes de la Patrulla Fronteriza, amontonados en aviones y deportados a Haití” es que hay “un sistema de inmigración arraigado en la supremacía blanca“, agregaron.
“El trato de la administración Biden a los refugiados haitianos y centroamericanos es despreciable“, dijeron.
22 de Septiembre de 2021
Activistas de Miami abogan por refugiados haitianos que buscan asilo en Estados Unidos
La Crisis de los refugiados en la frontera sur de Texas preocupa a los activistas de Miami-Dade
Los activistas del condado de Miami-Dade se reunieron el viernes para anunciar que piden a la administración del presidente Joe Biden que ayude a los refugiados haitianos que se precipitan a la frontera de Estados Unidos.
La crisis humanitaria de Haití durante la pandemia de coronavirus se produce tras el terremoto y la inestabilidad política tras el asesinato del presidente Jovenel Moise.
Miles de migrantes esperan para pedir asilo en Del Río, Texas. Para resguardarse del calor abrasador, están acampando bajo el puente internacional.
“Estos individuos están esperando a ser detenidos”. dijo el alcalde de Del Rio, Bruno Lozano.
Leroy Jones, uno de los principales organizadores del Círculo de la Hermandad, dijo que algunos de los refugiados están teniendo que dormir a la intemperie sin refugio, suministros médicos, agua o alimentos.
“Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo; puede hacer lo que quiera, empezando por dejarlos entrar”, dijo Marleine Bastien, directora ejecutiva del Movimiento de la Red de Acción Familiar.
La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos está en inferioridad numérica y los centros de detención están al límite de su capacidad. Los funcionarios dijeron que podrían pasar de 10 a 14 días antes de que esos migrantes sean procesados.
Un grupo de demócratas envió una carta al gobierno de Biden pidiendo que se detengan las deportaciones a Haití. Los haitianos a los que se les concedió el Estatus de Protección Temporal estarán protegidos durante 18 meses a partir de mayo.
“La capacidad del gobierno haitiano de recibir con seguridad a sus ciudadanos tardará meses, si no años, en asegurarse”, escribieron los legisladores.
Acuerdo sobre prechequeo amenaza soberanía, dicen ex jueces Tribunal Constitucional
Cuatro exjueces del Tribunal Constitucional (TCRD) advirtieron este miércoles que el acuerdo que permitiría que personal de Aduanas y Protección de EE.UU chequeen a los pasajeros en el aeropuerto de Punta Cana con destino a esa nación representa una amenaza para la soberanía dominicana.
El acuerdo fue firmado el 1 de enero de 2016 por el entonces presidente, Danilo Medina, y el embajador de turno de Estados Unidos en el país, James Brewster, y una semana después fue enviado al TCRD que debe determinar si viola o no la Constitución dominicana.
El tema volvió a resurgir durante las recientes evaluaciones a los postulantes a jueces del TCRD por parte del Consejo Nacional de la Magistratura.
En rueda de prensa, los ex jueces de ese alta corte Leyda Margarita Piña, Jottin Cury, Wilson Gómez y Katia Miguelina Jiménez expresaron su oposición al pacto que, según denunciaron, «no está siendo tratado con la profundidad que amerita, a pesar de las serias implicaciones que tendría para el supremo interés de nuestro país».
El objeto aparente del acuerdo sería facilitar el turismo», sin embargo, «la verdad sobre el referido prechequeo es que forma parte de un programa de los Estados Unidos con el propósito de prevenirse de los terroristas, así como de otras amenazas a la seguridad nacional en el ingreso al territorio norteamericano, existente tan sólo en seis países del mundo», afirmaron en un comunicado.
«Omitir el objetivo fundamental de la preautorización como política de seguridad nacional de los EE.UU., y acentuar los cuestionables beneficios colaterales que tendría dicho acuerdo para el turismo, ha sido la maniobra que se viene usando desde entonces por diferentes sectores nacionales de nuestro país, para facilitar su aprobación», afirmaron los hasta hace poco miembros del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. (TCRD).
Permitir la instalación de áreas de preautorización para que funcionarios de la Dirección de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de los EE. UU., autoricen los procesos de migración y aduanas en el transporte aéreo de pasajeros para entrar a ese país viola la Constitución Dominicana «por cuanto implica cesión de soberanía», subrayaron.
”Eso significaría una extensión de las fronteras de los Estados Unidos en el territorio nacional», agregaron.
Para los denunciantes, «lo más grave y trascendente es el anexo sobre el tema de los refugiados, que es parte integral del acuerdo, a sabiendas de que los preclearance se han convertido en un medio para evitar que los solicitantes de asilo lleguen al Estado donde pretenden formalizar su solicitud».
«Nada justifica una cesión unilateral de soberanía mediante un acuerdo que choca frontalmente con la Constitución dominicana y que constituye una vergüenza nacional», concluyeron.
3 de febrero de 2021
Personalidades exigen adendum acuerdo prechequeo República Dominicana y Estados Unidos
Docenas de personalidades pertenecientes a distintos sectores de la vida pública de la República Dominicana reclamaron que sea retirado del Tribunal Constitucional y renegociado el “Acuerdo de Preautorización en Materia de Transporte Aéreo” suscrito por el Gobierno de Danilo Medina con los Estados Unidos.
En un documento público exigen que sean eliminadas de dicho acuerdo “las cláusulas y el anexo”, las cuales -a su juicio- son “inaceptables y contrarios a la Constitución” pues contemplan que la política de refugio y asilo de la República Dominicana quede bajo la supervisión de los organismos internacionales y de los propios Estados Unidos.
También reclaman que el Consejo Nacional de Migración (CNM) deje sin efecto, cuanto antes, el “Plan de Contingencia para enfrentar Flujos Masivos de Refugiados” elaborado por el Instituto Nacional de Migración” en el 2019, el cual constituye “un peligroso instrumento inconstitucional, ilegal y lesivo a los intereses de la nación”.
Su reclamo está dirigido al presidente de la República Luis Abinader; a los ministros que integran el Consejo Nacional de Migración, a los senadores y diputados y a los magistrados del Tribunal Constitucional.
El documento
El texto del documento es el siguiente:
Los ciudadanos que suscribimos la presente petición pública, formulada conforme al mandato del artículo 22, numeral 4, de la Constitución de la República, nos dirigimos con espíritu constructivo y patriótico a todos Uds., como responsables de los Poderes Públicos, para solicitarles con carácter de suma urgencia la adopción de un conjunto de decisiones políticas y jurídicas que son imprescindibles para defender, preservar y afianzar la soberanía y autodeterminación nacionales, la integridad territorial y la identidad dominicana:
1. Es importante que el Consejo Nacional de Migración (CNM) deje formalmente sin efecto, cuanto antes, el Plan de Contingencia para enfrentar Flujos Masivos de Refugiados elaborado por el Instituto Nacional de Migración durante el año 2019, por constituir el mismo un peligroso instrumento inconstitucional, ilegal y lesivo a los intereses de la nación. Esa decisión contribuiría a reforzar la credibilidad del promisorio giro estratégico que ha significado que tanto el Presidente de la República como el Ministro de Relaciones Exteriores hayan sido enfáticos en declarar “que no existe ni podrá existir” una solución dominicana a los problemas de Haití. No olvidemos que este planteamiento constituye una premisa inexcusable para que el gobierno dominicano pueda emprender el apremiante esfuerzo internacional de alcanzar un serio y consistente compromiso de corresponsabilidad tanto de la Comunidad Internacional como de las autoridades haitianas con la reconstrucción de Haití en Haití. Estamos plenamente conscientes que solo esa reorientación del enfoque estratégico de las políticas del Estado Dominicano aseguraría la estabilidad y seguridad que precisa la Isla de Santo Domingo, que, a su vez, resulta ser clave para la paz y el orden público internacional en la Región del Caribe. Reclamamos también que ambas cámaras del Congreso Nacional asuman una actitud diligente y consecuente con sus responsabilidades, formando una comisión de investigación que determine cómo un órgano técnico como el Instituto Nacional de Migraciones pudo formular un plan con objetivos tan peligrosos y comprometedores para la República para enfrentar supuestos de situaciones extremas en el vecino país insular, que implicarían la aceptación de un traslado masivo y abrupto de cientos de miles de haitianos hacia el territorio nacional, agravando el serio problema internacional que ya confrontamos.
2. Consideramos también como asunto de alta prioridad que el gobierno dominicano retire del Tribunal Constitucional el Acuerdo de Preautorizacion en materia de Transporte Aéreo suscrito por el gobierno anterior con los Estados Unidos, para proceder a su renegociación, eliminando las cláusulas y el anexo inaceptables y contrarios a la Constitución que contienen, al disponer la condicionalidad de que la política de refugio y asilo de la República quede sometida a la la supervisión de los Organismos Internacionales y de los propios Estados Unidos. Cualquier acuerdo de Preautorizacion en materia de Transporte Aéreo con los EEUU, debe responder a los estándares aplicados a los acuerdos similares suscritos por esa potencia con otros estados. En caso de que el Poder Ejecutivo no obtempere a esta solicitud de justicia y razón, instamos al Tribunal Constitucional a rechazarlo, con la misma determinación con que declaró nulo en 2016 el Acuerdo de Inmunidades suscrito con los EEUU que permitiría la presencia de personal militar de ese país en el territorio nacional, sin límites de tiempo ni restricciones en relación a armas y equipos tecnológicos, careciendo además de las correspondencia, garantías y equilibrios que deben acompañar siempre los acuerdos en materia de defensa.
3. Finalmente, instamos a los responsables de los poderes públicos a exigir a los organismos internacionales y a las autoridades extranjeras, a abstenerse de instrumentalizar con predicamento neocolonialista, los programas de cooperación y asistencia para imponer agendas ideológicas en aspectos que son del dominio reservado de las naciones, como las regulaciones sobre migración, nacionalidad y frontera, o bien la protección debida a la vida, la familia y los valores de identidad y la historia de la nación dominicana. En ese sentido, exhortamos al Presidente Abinader a suscribir la Declaración de Génova del 22 de Octubre del 2020 sobre el Fomento de la Salud de las Mujeres y el Fortalecimiento de la Familia respaldada por 33 naciones de todos los continentes, cuyos líderes creen que las Naciones Unidas y sus organizaciones, así como las relaciones internacionales en general, deben regirse con apego a sus principios y valores fundacionales, y que por tanto, resulta inaceptable destruir la soberanía de las naciones y la identidad de los pueblos con la imposición de visiones acomodaticias y distorsionadas por las formas ideológicas de una posmodernidad y un discurso globalista desquiciado y desquiciante. Ese principio de soberanía y autodeterminación acaba de tener un gran triunfo histórico en la lucha librada por Polonia y Hungría, en el marco de sus relaciones con la Unión Europa, que sin dudas servirá, de poderoso referente para los países Asia/Caribe/ Pacífico ACP y para todos los naciones que luchan por sus derechos al propio desarrollo y al respeto de su identidad y sus valores consustanciales.
Con la confianza de que la presente Petición Pública reciba la atención y la respuesta que corresponde, nos despedimos con el respeto y la consideración debida a sus altas investiduras,el respeto y la consideración debida a sus altas investiduras,
Dr Manuel Berges Coradin Presidente ProNacion.
Darío Vargas.
Dr Marino Vinicio Castillo,
Ing Federico Antun Battle,
Diputado Elias Wessin Chávez,
Lic Juan Cohen Sanders,
Mayor General (r) José Miguel Soto Jiménez ERD,
Pelegrin Castillo Semán,
Arq Miguel Fiallo,
Dr Manuel Nuñez Asencio,
Dr Juan Miguel Castillo Pantaleon,
Dr Pedro Ureña,
Dr Juan Francisco Puello Herrera,
Dra Laura Gil,
Dr Virgilio Malagon Álvarez ,
Mayor General( r) Guillermo Guzman Fermin PN,
Federico Henriquez Gratereaux,
Dr José Ricardo Taveras,
Efraín Castillo,
General (r) Antonio Jaquez Lopez,
Arq Raúl de Moya,
Ing Jacinto Pichardo,
Rev Fidel Lorenzo Meran,
Moisés Arbaje,
General (r) Plutarco Medina,
José Ant Flaquer,
Luis Espinal,
Gabriel Del Río,
Tácito Perdomo,
Dr José Antonio Martínez Rojas,
Alfredo Vargas Caba,
José Abigail Cruz Infante,
Giovanny Kranwinkel,
Dr Pedro Manuel Casals,
Genaro Cabrera,
Dr Ernesto Jiménez,
José Ignacio Acero,
Manuel Ortiz Tejada,
Dr Marino Elsevit Pineda,
Gonzalo Briones,
Dr José Peralta,
Dr Ruddy Pérez,
Dr Norberto Rondón,
Marge Rizik Jover,
Dr Alex Ferreras Cuevas,
Arq Mercedez Núñez de Avilés,
Inmaculada Núñez,
Damaris Patrocinio,
Dr Jonathan De Oleo,
Dr Radhamez Espaillat,
Abel Raimundo,
Dr Pedro Padilla Tonos,
Dr Eddy Leyba,
Dr Jottin Cury David,
Dra Cristina Aguiar,
Dr Oscar Cury Paniagua,
Arq Luis Guzman,
Dr Julio Santana de León,
Leonor Asilis,
Martha Dominguez,
Dr Pedro Blandino,
Lic Juarez Victor Castillo,
Lic Vinicio Castillo,
Linsy Kashanara,
Hipólito Ramirez,
Ismael Reyes Cruz,
Nerys Arnulfo Figaris,
Dra Deysi Elizabeth Sepulveda,
Dr Santiago Batista,
- Salvador Montas Uribe,
Licda Priyanka Rodriguez,
Albert Feliz,
Ing Manuel Valdez Peña,
Dr José Alberto Ortiz,
Aristides Fernández Zucco,
Ing Albin Cepeda,
Cesar Peralta Vélez,
Rafael Taveras Vargas,
Dr Rafael Alberto Reyes,
Fernando Núñez,
Dr Felipe Cuello,
Ing Carlos Emilio Lulo,
Ramón P Báez,
Berenice Lulo,
Dr Francis Rodriguez,
Daigorod Fabian,
Dr Carlos Porcella,
Arq Cedric Castillo,
Jesus Batista (Suriel),
María Cristina Farías,
Dra Milqueya Portes,
Lic Manuel Caceres Porcella,
Felipe Viloria,
Lic Jaime Cáceres Porcella,
Arq Felipe Caceres Porcella,
Onorio Montás,
Arq Willlians Reyna,
Jaime Rincon,
Dr Bernardo Pérez,
Reg Leonte Torres,
Lic Dátil Amarante,
Georgy Sánchez,
Dr Jacobo Simón Rodríguez,
General (R) Javier Dotel,
Rafael Reynoso,
Licda Denisse Reyes,
Dr Rafael Fermin Delgado,
Manuel José Núñez Soto,
Ramón Cabral de la Torre,
Ing Santiago Moquete,
Dra Magdalena Piña,
Ing Luis Alou, Carlos Defillo,
Dr Ariel Perez,
Ing Diogenes Lamarche,
Ing Enrique Rodriguez de Moya,
Ing Frank Herasme,
Dr Osvaldo Fernández,
Lic Victor García,
Pedro Anselmo Copello Prazmowky,
Porfirio Encarnacion,
Leo Whachmann,
Carmen González,
Miguel Sanz Jiminian,
Ing Pedro Santana,
Ing Tony Orozco,
Dr Manuel Pacheco,
Miguel Hazin,
Ezequiel Hazin,
Dr Rafael Ramón Tejeiro Ruiz,
Lic Luis Marte Matos,
Danilo Ginebra,
Arq Rhadamés Diaz,
Domingo Bienvenido Solano,
Ana Lidia Saviñón García,
Maritza Pastor,
Celeste Olaverria,
José Cocco Pichardo,
Bienvenido de la Cruz,
Miguel Atila Luna,
Cesáreo Guillermo,
Roberto Garrido Silfa,
Fredis Pereyra,
Rafael Contreras,
Dr Khaterine Rodríguez,
Ing Carlos Jiménez,
Ricardo López,
Ing Osiris Sosa.
Arq. William Rafael Reyna Rivas,
Miguel Grullón,
Aurelio Cerda Minyety,
Madelyn Hernández Paulino,
Miguel Ferreras,
Luz Fiordaliza Tejada,
Dra. Rosa María Balaguer Castillo,
Américo Yaport,
Leonardo D Linares Dominguez,
Lic Oliver B Balaguer,
Lic María L Jiménez García,
Luis Ml. Nolasco B,
Nemil Bolivar Chabebe Soliber,
Dr.Samuel Domínguez,
Rafael Guillermo Martínez Polanco,
Hanlet Castillo,
Rafael Santana Nova,
Elias Mattar Brito,
Arq. Sergio Taveras,
Lic. Sergio Fidel Franco,
Prof Germán Romero,
Lic Antonio Santos,
Dr Osiris Valdez Tiburcio.
5 de enero de 2021
Dice acuerdo EEUU-RD sobre preautorización en transporte aéreo es inconstitucional
El abogado José Ricardo Taveras consideró este jueves que en los términos en que ha sido concebido, el acuerdo suscrito por el Gobierno dominicano con los Estados Unidos sobre preautorización en el transporte aéreo es inconstitucional, ya que, según afirma, en el mismo se han incluido cláusulas inaceptables.
Taveras destacó principalmente el anexo de ese convenio, el cual dice viola el principio de soberanía nacional al establecer una tutela extranjera de la política nacional de refugiados, a cargo de los norteamericanos, mediante la cual, ellos se reservan el derecho de que se les rinda cuenta anualmente al respecto.
El también secretario general de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) explicó que en el anexo se impuso a la República Dominicana, proveer medios alternativos conforme a la ley dominicana a favor de las personas que no reúnan los requisitos internos no contemplados en los instrumentos internacionales, lo que obligaría al país a recibir los casos y a brindar la protección necesaria sin considerar las reservas de su legislación interna al respecto, situación que el Tribunal Constitucional está en la obligación de desestimar pura y simplemente. “En eso estoy de acuerdo en el sentido de que deben afrontar sin tapujo, amiguismos y mucho menos debilidades su deber de garantizar la contención de los atentados contra la constitución y la soberanía nacional.”
Taveras Blanco consideró que la naturaleza del convenio no amerita que se trate de soslayo su anexo, que al tiempo que desnaturaliza el acuerdo, nos somete en un tema muy delicado, dadas las circunstancias geopolíticas que nos impactan.
“¿Qué busca un anexo sobre refugiados en un acuerdo de facilidades aeroportuarias mediante el cual se autoriza a los Estados Unidos a operar una estación de control migratorio y aduanal con facultad de pre-autorizar el ingreso de aeronaves, pasajeros y equipajes que se dirijan en operación aérea directa a territorio norteamericano? ¿Porqué ese acuerdo tiene que ser extendido a todo el territorio nacional en lo que respecta a extranjeros con vocación de ser solicitantes de refugio, cuando el ámbito de aplicación de su objeto fundamental es exclusivamente el aeropuerto de Punta Cana?”, se preguntó.
Consideró que “rendir cuentas anualmente a través de puntos de contacto designados por USA para el manejo de las políticas de refugio, cuando la propia convención internacional al respecto establece que las mismas deben ser ejecutadas soberanamente cada Estado, consagraría, repito, una tutela impertinente y odiosa, por lo que resulta lesivo el condicionamiento del acuerdo a la discreción que al respecto pueda tener el gobierno de los Estados Unidos, situación que deviene en desmedro de la soberanía nacional.” Aunque reconoció que Estados Unidos ha suscrito otros acuerdos similares en los que ha incluido el tema de los refugiados, en ninguno se han impuesto cláusulas condicionantes de la naturaleza injerencista que contiene el suscrito por la cancillería dominicana durante la gestión del anterior embajador norteamericano, en todos los casos se les ha reservado a la autoridad nacional la absoluta discreción de conceder o rechazar las solicitudes de refugio conforme a su constitución y sus leyes.
Añadió que el acuerdo tiene otras cláusulas, tales como las de administración de tarifas y multas civiles, así como de decomiso e incautación, que deben ser objeto de reflexión y aclaración por parte de las autoridades nacionales.
Taveras, quién además fungió como director general de Migración, reconoció que el acuerdo sería útil y pertinente si no se hubiese manipulado para la inclusión de los condicionamientos contenidos especialmente en su anexo. Dijo que existen acuerdos similares con Canadá, Emiratos Árabes Unidos y algunas islas del Caribe y resulta de gran utilidad para los objetivos de facilitar el acceso del mercado norteamericano a nuestras facilidades turísticas y una herramienta importante de cooperación internacional en materia de seguridad, lucha contra el terrorismo y trata y tráfico de personas.
Al respecto, recomendó a los sectores que inician una campaña de presión y descrédito contra el tribunal constitucional, “que en vez de constreñirlo para que viole la constitución, procuren que las autoridades del gobierno, obviamente mal aconsejadas al firmar semejante acuerdo, se aconsejen mejor y aprovechen los nuevos aires que se respiran en la embajada y el gobierno norteamericano, donde existe un poco más de tacto en el respeto por la soberanía de las naciones en ese aspecto, a fin de que se extirpe ese enojoso requerimiento y se renegocie el acuerdo, que resulta ser absolutamente conveniente para ambas partes”.
Jueves 18 de octubre de 2018
Respaldan fallo del Tribunal Constitucional que anula acuerdo República Dominicana y Estados Unidos
DICEN NINGÚN TRATADO CON CUALQUIER PAÍS DEBE LESIONAR SOBERANÍA NACIONAL
“Acuerdo sobre Estatus del Personal de los Estados Unidos en la República Dominicana” no se ajusta a la Constitución
El senador Tommy Galán y el diputado Vinicio Castillo Semán respaldaron ayer la decisión del Tribunal Constitucional de anular el “acuerdo sobre el estatus del personal norteamericano en la República Dominicana”, que, entre otras facilidades, otorgaba privilegios e inmunidades a miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios civiles del Departamento de Defensa de los Estados Unidos presentes en el país, equivalentes a las concedidas al personal administrativo y técnico de una misión diplomática.
El diputado de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, afirmó que con la sentencia 315/15 el TC salvó la soberanía nacional, al declarar no conforme con la Constitución el Tratado firmado por el gobierno dominicano con Estados Unidos que le permitía a esa nación desplegar tropas en territorio dominicano, por considerarlo una flagrante violación a la soberanía dominicana. Recalcó que el Tribunal Constitucional ha salvado la soberanía dominicana y ha hecho respetar la Constitución, un acto que dijo merece el respaldo de la sociedad dominicana.
“Las relaciones de República Dominicana y los Estados Unidos deben ser fortalecidas en todos los órdenes, pero dentro del marco de respeto de la soberanía dominicana y de su Constitución y ordenamiento legal vigentes”, advirtió Castillo Semán.
De su lado, el senador peledeísta por San Cristóbal, Tommy Galán, consideró que se pueden plantear acuerdos de colaboración, “pero jamás comprometiendo la soberanía nacional, el territorio, el espacio aéreo ni marítimo”.
“Yo no creo que ningún acuerdo tenga que lesionar o colocar en una situación de ver esa soberanía un poco lesionada, sin necesariamente lograr los objetivos que se quiera pretender, jamás se debe comprometer la soberanía”, manifestó Galán.
Entiende que esos convenios deben estar sustentados en el principio de la igualdad y la reciprocidad.
Cree que luego de la revisión y objeción del Tribunal Constitucional, el acuerdo debe ser rechazado en el Congreso, cuando tenga que conocerlo.
“Tomando en cuenta el tratamiento supra especial frente a algunos condicionamientos que le daba prerrogativas al ejército o a los organismos de Estados Unidos nosotros respaldamos el espíritu de lo que movió al Tribunal Constitucional sobre ese rechazo”, expresó Galán.
LOS ARGUMENTOS EN EL FALLO DEL TRIBUNAL
Mediante la sentencia 315/15, de fecha 25 de septiembre, el Tribunal Constitucional declaró que el Acuerdo Sobre Estatus del Personal de los Estados Unidos en la República Dominicana no se ajusta a la Constitución.
Estableció que las obligaciones asumidas por la República Dominicana “limitan el ejercicio de la soberanía nacional y suponen una injerencia por tiempo indeterminado de cuerpos militares extranjeros en el territorio nacional”.
SENTENCIA TC/0315/15
http://www.tribunalconstitucional.go.do
Consideró que el contenido, en toda su extensión, genera privilegios a favor del Departamento de Defensa y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, más allá de las previsiones y posibilidades que consagra la Constitución dominicana, obviando la reciprocidad que debe estar presente en las convenciones internacionales.
El Convenio fue firmado el 20 de enero de este año por el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Andrés Navarro García, y por el embajador de Estados Unidos en el país, James Brewster.
Martes, 29 de septiembre de 2015
La soberanía no tiene precio
En un reciente intercambio académico organizado por los estudiantes de derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en el que tuve el honor de participar con otros distinguidos colegas, se debatió el tema del acuerdo de prechequeo o preclearance con los Estados Unidos. Si antes de iniciar el referido intercambio de impresiones estaba convencido de la inconstitucionalidad del acuerdo pendiente de aprobación por el Tribunal Constitucional, ahora me encuentro infinitamente más persuadido de que efectivamente ese instrumento debe ser retirado del órgano en que se encuentra para ser rediscutido o, en caso contrario, para que sea declarado inconstitucional.
En ese encuentro virtual me vi precisado a aclarar que la soberanía se ejerce en un espacio físico concreto, o sea, en un territorio determinado que se extiende hasta el límite de sus fronteras y que los controles aéreos, marítimos o fronterizos constituyen una manifestación del derecho soberano de cualquier Estado. En suma, nos estamos refiriendo a la personalidad jurídica del Estado que, insistimos, sería impensable sin su carácter soberano. Así, soberanía es el poder que tiene el Estado para autodeterminarse en sus asuntos internos y para defender su independencia e igualdad ante otros Estados igualmente soberanos.
Por tanto, desde el instante que un Estado decide expandir sus fronteras, inmiscuyéndose en territorio ajeno, está automáticamente violando el derecho de aquel que recibe la intromisión. El Benemérito de las Américas, Benito Juárez, proclamó con justa razón que el respeto al derecho ajeno es la paz. De manera que cuando un país expande sus fronteras mediante un acuerdo, resulta fundamental la reciprocidad en un plano de igualdad. Sin esa condición esencial, resultarían ilusorias las relaciones internacionales.
Nos encontramos en pleno siglo XXI en el que se supone que los conceptos de imperialismo y colonialismo han sido superados, debiendo sustituirse por el respeto recíproco de las naciones y el principio de autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, en el acuerdo de prechequeo no existe la más mínima reciprocidad y, además, se pretende justificar con el pueril argumento de que su eventual aprobación aumentaría el flujo de turistas a nuestro territorio. No existe ningún documento para avalar que los países que han adoptado esta clase de convenios incrementaron el número de visitantes. Los que así piensan olvidan que los Estados Unidos no obran para beneficiar terceros países, sino en provecho de sus propios intereses. La historia demuestra que las grandes potencias subordinan los intereses de los países en que intervienen a los suyos propios. En consecuencia, este sería el primer y único caso de la historia universal en que una gran nación actuaría motivada para favorecer intereses distintos a los propios, lo cual resulta absurdo.
Bastaría citar, a título de ejemplo, la medida adoptada recientemente el presidente Abinader cuando prohibió a una potencia emergente la inversión en puertos y aeropuertos, por considerarlos puntos vitales para resguardar la soberanía nacional. Ahora bien, lo que no se entiende es que, si China tiene limitaciones para invertir en zonas estratégicas, a los Estados Unidos, por el contrario, se le conceda potestad para colocar su personal en los aeropuertos dominicanos. El Gobierno actual se ha declarado partidario para que se le permita a los Estados Unidos un acuerdo de prechequeo en el que funcionarios foráneos podrán utilizar, en el área que serían reservadas en su provecho, armas de fuego, dispositivos de fuerza intermedia como macanas, pistolas eléctricas y rociadores defensivos. Esta medida constituye una clara violación a la soberanía y al principio de no intervención, esto es, un privilegio inaceptable que fue juzgado en la Sentencia TC/0315/15.
La sentencia antes indicada, en su numeral 9.3, expresa: “(…) hemos constatado que solamente crea una serie de privilegios a favor del segundo, en particular de sus Fuerzas Armadas, de su Departamento de Defensa y de contratistas estadounidenses, al tiempo que genera solamente obligaciones y cargas para el gobierno dominicano. Esta situación evidencia una notoria ausencia de reciprocidad y del tratamiento igualitario que deben caracterizar los acuerdos de esta naturaleza y resulta, a todas luces, contrarias a las disposiciones del artículo 26, numerales 3 y 4 de la Constitución dominicana”. Nada más claro, pues si la ausencia de reciprocidad fue el criterio del órgano constitucional para rechazar por inconstitucional un “Acuerdo sobre Estatus del Personal de los Estados Unidos en la República Dominicana”, mal podría en este caso del prechequeo, en el que la misma brilla por su ausencia, afirmar todo lo contario.
Más todavía, en el numeral 11.14 de esa misma decisión apunta: “(…) que su contenido en toda su extensión genera privilegios a favor del Departamento de Defensa y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, más allá de las previsiones que consagra la Constitución de la República, todo eso obviando la reciprocidad que debe estar presente en las convenciones internacionales; este órgano constitucional determina que procede declarar la no conformidad con la Constitución dominicana del indicado acuerdo”. Resulta contundente la afirmación de la jurisdicción constitucional, en el sentido de que la inconstitucionalidad es consecuencia directa de la ausencia de reciprocidad. Y esto es precisamente lo más resaltante en el acuerdo de prechequeo: la falta de reciprocidad.
En ese orden de ideas, el Tribunal Constitucional tendría que modificar su propio precedente para justificar la constitucionalidad de un acuerdo en el que no se evidencia la más mínima reciprocidad. Otro de los puntos debatidos fue el lenguaje equívoco del acuerdo, que no es casual, en el que se le permitiría a los Estados Unidos la aplicación de sus propias leyes en nuestro territorio. Esto resulta contraproducente, dado que, si las áreas de prechequeo no son consideradas parte del territorio norteamericano para fines de solicitudes de asilo, tampoco podrían aplicar en las mismas sus normas. Se trata de una incongruencia cuya finalidad es endosarle al país a los que sean inadmitidos para entrar a su territorio.
Así las cosas, resulta inexplicable que el personal extranjero que se encontraría en el área de prechequeo, y que no es considerado como parte de una misión diplomática, pretenda beneficiarse, en cuanto a los privilegios e inmunidades, de la Convención de Viena de 1961, situación que también fue juzgada en la Sentencia TC/0315/15. Igualmente, insólito es que, si nuestro país rechazó firmar en diciembre de 2018 un Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, propuesto por la ONU, porque podría desbordar su política migratoria, venga de buenas a primeras a aceptar a los extranjeros que Estados Unidos no permita llegar a su territorio para solicitar refugio o asilo. Se debe precisar que la Convención de 1951 prevé la no devolución de los refugiados una vez llegan al territorio de destino, puesto que lo determinante de la referida Convención es el territorio.
¿Qué sucedería entonces, partiendo de la idea que lo determinante es el territorio en la Convención sobre refugiados de 1951? Simplemente que numerosas personas, asumirían que se encuentran en área norteamericana y presentarían sus solicitudes de inmediato. Los Estados Unidos, por tanto, los devolverían allí mismo bajo la premisa de que no se encuentran en territorio norteamericano, teniendo nuestro país que soportar los gastos para esos fines, así como también todos los relativos al a la zona del prechequeo. Se trata de una medida onerosa, injusta y desproporcionada, y a modo de ejemplo bastaría verificar el acuerdo de prechequeo de Estados Unidos con Canadá, en el cual existe total reciprocidad en el sentido de que cuando un pasajero es rechazado para entrar en EEUU la decisión no sería revisada en Canadá, sino en los Estados Unidos. Además, hay posibilidad de preclearance tanto en Estados Unidos como en Canadá. En el acuerdo que suscribió el Gobierno dominicano ni por asomo se previeron cláusulas como las que se insertaron en el acuerdo con Canadá, lo que sí es latente es que se negoció la cesión de nuestra soberanía.
Por el contrario, el anexo del acuerdo suscrito con la República Dominicana prevé que tendríamos que asumir toda clase de refugiados a nuestras expensas. Es decir, los Estados Unidos, conscientes de esa situación introducen el repetido anexo a fin de endosarnos los refugiados, lo cual vulnera claramente la soberanía nacional. Más claramente, para aplicar sus leyes en territorio dominicano se interpreta como zona norteamericana; en cambio, para lanzarnos los refugiados no. Pero a la luz de la Convención sobre refugiados, el área de despacho de vuelos a EEUU debe considerarse como exclusiva de ese país.
Se debe ser razonable en que Estados Unidos tiene todo el derecho a rechazar a quienes consideren peligrosos o indeseables, así como prevenir la entrada de eventuales terroristas. Se comprende, además, su necesidad de diseñar estrategias para proteger sus fronteras de cualquier amenaza externa que pudiera poner en riesgo la seguridad de su territorio. Ahora bien, corresponde a los dominicanos defender igualmente su soberanía, la cual es exclusiva, suprema e inalienable.
Martes 2 de marzo, 2021